LA CORRUPCIÓN
LA CORRUPCIÓN
La historia nos muestra que la corrupción no es un problema reciente. Mientras las malas prácticas se van haciendo más frecuentes, la capacidad del Estado para frenarle el paso parece verse
reducida. No por nada la corrupción es considerada uno de los principales problemas que enfrenta el país. La ciudadanía desconfía de la autoridad y de las instituciones, y de la efectividad del
sistema de justicia para luchar contra la corrupción.
Sin embargo, muchas veces el ciudadano se muestra tolerante a los actos de corrupción, y
esta “normalización” de las conductas corruptas reduce su capacidad
de indignación y la motivación para involucrarse en la lucha contra este
flagelo a través de la denuncia o de algún otro mecanismo de participación ciudadana.
Se hace evidente, entonces, que para luchar contra la corrupción es
necesaria la actuación conjunta del Estado y de la ciudadanía. De ahí
que este reporte busque informar al ciudadano acerca de esta problemática, e involucrarlo en la lucha contra ella.
Son muchas las definiciones de corrupción que se manejan en el ámbito público, académico y jurídico.1
Desde la Defensoría del Pueblo definimos a la corrupción como el mal uso del poder público, entendido como el
incumplimiento de los principios del buen gobierno, así como de los preceptos éticos presentes en
la sociedad. Los actos de corrupción tienen el propósito de obtener ventajas o beneficios indebidos
para quien actúa o para terceros, en perjuicio del bienestar general.
El Informe “Defensoría, Ética pública y Prevención de la Corrupción” señala los principios del
buen gobierno afectados por la corrupción. Estos son: i) la participación, ii) la transparencia, iii) la
responsabilidad, iv) la rendición de cuentas, y v) la sensibilidad a las necesidades y aspiraciones
de la población.2
[1] Por ejemplo, una definición jurídica de los actos de corrupción es la siguiente: “[...] aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber institucional o del incumplimiento de alguna función específica realizados en un
marco de discreción con el objeto de obtener un beneficio extra-institucional, cualquiera sea su naturaleza [...]”.
Recuperado de http://www.contraloria.gov.ec/CEPAT/doc/cartagena/Conferencia_Dr_Jorge_Malem.pdf
[2] Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y Consejo de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas. La Función del Buen Gobierno en la Promoción de los Derechos Humanos.
Resoluciones 2000/64, 2001/72, 2002/76, 2003/65, 2004/70, 2005/68, y Resolución 7/11 L. 29 del 25 de marzo del 2008.
“La función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos”.
La Defensoría
del Pueblo
fomenta el buen
gobierno con
la finalidad de
fortalecer la
institucionalidad
democrática.
12 600
MILLONES DE SOLES
se pierden anualmente por actos de
corrupción. Representa aproximadamente
el 10% del presupuesto nacional.
RADIOGRAFÍA DE LA
CORRUPCIÓN EN EL PERÚ
Reporte de corrupción N° 1
Mayo, 2017
COMPETENCIAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
en la lucha contra la corrupción
El mandato constitucional de la Defensoría es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Dado que la corrupción afecta derechos fundamentales, y que un acto de corrupción implica
el incumplimiento de los deberes públicos (que puede repercutir incluso en la adecuada prestación de servicios públicos), la Defensoría del Pueblo tiene competencia para intervenir en la lucha contra la corrupción.
DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCIÓN:
La corrupción provoca vulneraciones, directas e indirectas, sobre los derechos de las personas y la comunidad. Las violaciones directas se dan cuando los actos de corrupción afectan
el ejercicio de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, la desviación de fondos dirigidos a
comprar medicamentos influye en su desabastecimiento, afectando –directamente– el derecho a la salud de los pacientes. Las afectaciones indirectas se producen cuando la corrupción
ocasiona posteriores hechos que también lesionan derechos, como la mala construcción de
un puente. En este caso, el acuerdo encubierto entre un funcionario público y un contratista
para que aquel lo favorezca otorgándole la buena pro sin que su propuesta técnica sea la
más idónea, puede llevar a que el colapso o deterioro prematuro de un puente afecte el libre
tránsito de las personas.
El impacto de la corrupción es aun mayor sobre los derechos de las personas y los grupos
que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como las personas en situación de pobreza, los
adultos mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, entre otros.
Este flagelo también impide la concreción de dos deberes primordiales del Estado establecidos por la Constitución: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover
el bienestar general de los ciudadanos (artículo 44º). Por ello, consideramos indispensable incorporar la perspectiva de los derechos fundamentales en las políticas de prevención y lucha
contra la corrupción, lo que implica la necesidad de fortalecer nuestra línea de trabajo referida
al cumplimiento del deber de la administración estatal, con un enfoque integral que involucre
el aspecto preventivo y de sanción, y la generación de información que no solo facilite el dise-
ño y ejecución de políticas públicas, sino también la toma de decisiones.
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